La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) presentó una demanda ante el Consejo de Estado contra el decreto 0572 de 2024, expedido por el Ministerio de Hacienda, que incrementa la tarifa de autorretención en la fuente para el sector carbonífero.
La medida, que regirá desde el año gravable 2025, ha sido calificada por el gremio como “regresiva, desproporcionada e inequitativa”, al considerar que impone una carga fiscal excesiva para las empresas dedicadas a la extracción de carbón, en comparación con otros sectores económicos del país.
Fenalcarbón también solicitó la suspensión provisional inmediata del decreto, argumentando que la norma no cuenta con un sustento técnico que justifique el aumento de la tarifa al 4,5 %. Según el gremio, el Gobierno fundamentó el cambio en la Sentencia C-489 de 2023 sobre la deducibilidad de las regalías, aunque esta no tendría relación directa con los criterios técnicos necesarios para fijar las tarifas de autorretención.
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, advirtió que la decisión gubernamental afecta la liquidez de las compañías, compromete su competitividad y pone en riesgo su sostenibilidad operativa.
“El incremento en la autorretención genera un efecto de confiscación indirecta que impacta la continuidad de muchas operaciones formales, especialmente en la pequeña minería”, señaló.
El gremio también alertó que, en un contexto de caída de los precios internacionales del carbón, aumento de los costos operativos y reducción de márgenes, la nueva tarifa no refleja la realidad económica del sector. Además, recordaron que las empresas carboníferas ya están sometidas a una carga tributaria superior a la general, con una sobretasa entre 5 y 10 puntos adicionales sobre el impuesto de renta, lo cual “asfixia el desempeño financiero” de la industria.
Fenalcarbón concluyó que este decreto rompe el equilibrio fiscal de las empresas, contradice principios constitucionales como el de la capacidad contributiva, e incluso viola la regla fiscal, al generar un endeudamiento progresivo del Estado sin el respectivo aval legislativo.
