Por: Enrique Delgado (economista, ambientalista)
En mi artículo anterior, expuse los negocios ocultos detrás de los conjuntos residenciales, utilizando como ejemplo el caso de Alameda del Río en Barranquilla. Hoy, quiero profundizar en el impacto ambiental que estos desarrollos residenciales tienen sobre los hábitats y ecosistemas locales, aunque no estén formalmente protegidos. Y considerando que las constructoras aseguran cumplir con las normas y mitigar los efectos negativos, desde una perspectiva ética humana, es imperativo reconsiderar y buscar formas más sostenibles de desarrollo urbano. Tal vez sea “llover sobre mojado” y no esperaría que este artículo generara una transformación absoluta en la manera como nos relacionamos con nuestro entorno, pero quedo tranquilo solamente contando mi experiencia.
Como fiel creyente en el poder de las decisiones individuales, y sabiendo que la única conducta que puedo controlar es la mía, prontamente, al llegar a Alameda, descubrí que otros como yo decidían realizar acciones proactivas para mejorar el entorno y devolverle algo al ecosistema que estamos habitando. Así conocí a los Guardianes Verdes de Alameda del Río, un grupo de vecinos (propietarios e inquilinos) que, conscientes del impacto ambiental, decidieron por cuenta propia realizar campañas de siembra y cuidado de las zonas verdes del barrio.
Con total desinterés, todos los domingos a las 5 a.m., con herramientas prestadas por una funcionaria de la localidad, emprendimos la labor de sembrar frutales y especies arbóreas que, con el cuidado permanente, a futuro dieran la frescura y sombra para mitigar un poco el impacto del concreto en este ecosistema.
La zona donde se asienta esta ciudadela no ha sido reconocida como área protegida, y en estos otrora potreros y “monte” existió un ecosistema de biodiversidad e hídrico que hace parte de la cuenca del arroyo El León, que llega hasta la Ciénaga del Cisne.
En las bellas jornadas con los “Guardianes Verdes” tuve que presenciar un trágico evento y ver cómo un pequeño reducto de humedal (sí, porque natural o artificial, este cuerpo de agua se ajusta a lo definido en la Convención Ramsar), rodeado de edificios, pasó de ser el refugio de más de 40 especies de aves endémicas y migratorias, acompañadas de reptiles, insectos y algunos mamíferos, a ser devastado y convertido en un conjunto que, irónicamente, tendrá el nombre de un ave. (Como todo lo que pasa en Alameda, los edificios son mausoleos que llevan el nombre de las aves que se desplazan).
No es el objetivo de este artículo juzgar o dar una opinión puntual sobre este caso. Fue una experiencia personal basada en mi percepción, pero quiero aprovechar lo que fue un evento impactante en mi vida para ampliar el contexto y mencionar el fenómeno en una escala más global.
El Impacto Ambiental de los Conjuntos Residenciales
Nos parece normal, dado el carácter antropocéntrico de nuestros modelos de desarrollo, que los conjuntos residenciales estén asociados con un “normal” impacto a los terrenos donde se establecen. En términos reales y sin eufemismos, las actividades constructivas tienen un primer avance con acciones de deforestación, remoción de capa vegetal, afectación de acuíferos y humedales, pérdida de biodiversidad y degradación ambiental. Todo esto, claro, con el argumento de priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía dado el crecimiento poblacional y la concentración urbana.
La deforestación es una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en la región. La expansión agrícola, la ganadería extensiva y la minería ilegal son factores que contribuyen a esta problemática. Aunque las constructoras argumentan que cumplen con las regulaciones ambientales, la realidad es que la tala indiscriminada de árboles y la destrucción de hábitats naturales tienen consecuencias devastadoras para las especies endémicas y en peligro de extinción, sin contar con el impacto a las especies migratorias, quienes tienen grabada en su memoria la geolocalización de aquellos lugares que, de un momento a otro, desaparecen.
La eliminación de la cobertura forestal no solo pone en peligro la biodiversidad, sino que también contribuye a la erosión del suelo y la degradación ambiental. Esto puede provocar la pérdida de fertilidad del suelo, la sedimentación de cuerpos de agua y la degradación de los ecosistemas acuáticos costeros. Es en este punto donde la legislación se queda corta y los estudios de impacto, por cumplir con intereses de desarrollo, no miden realmente la magnitud a microescala de la acción antrópica. Aunque los ecosistemas afectados no estén formalmente protegidos, su destrucción tiene un impacto directo en la flora y fauna locales.
Muchas especies dependen de estos hábitats para su supervivencia, y su destrucción pone en riesgo la biodiversidad regional. Las constructoras aseguran cumplir con las normas ambientales, pueden demostrar su fiel cumplimiento y atención a la normativa, y esa es su manera de defenderse. Pero desde una perspectiva ética, es crucial reconsiderar cómo se desarrollan estos proyectos. La sostenibilidad debe ser un principio fundamental en el diseño y ejecución de los conjuntos residenciales.
Tal vez también la inconsciencia se pueda trasladar a la demanda: familias que solo ven la posibilidad de vivir en un entorno que en “render” se ve comparativamente más estético que en sus lugares de origen, y ven esta inversión como una oportunidad de valorización y escalamiento social o de su estilo de vida. Pero es aquí donde el poder de la oferta puede (si así lo quisiera) ayudar a sensibilizar, ofreciendo alternativas para que ese avance social y mejoramiento de estilo de vida se dé, pero con todo el análisis y aplicación de innovaciones de diseño que sean altamente amigables con el medio ambiente y minimicen o eliminen el daño a los ecosistemas.
Existen alternativas que permiten desarrollar proyectos urbanos sin sacrificar la biodiversidad y los ecosistemas locales. La arquitectura sostenible, el uso de materiales reciclados y la integración de espacios verdes en los proyectos pueden minimizar el impacto ambiental. Además, la participación activa de la comunidad local en el proceso de planificación puede asegurar que los proyectos se alineen con las necesidades y valores de la región.
Es hora de que tanto las autoridades como la sociedad civil tomen conciencia de los efectos a largo plazo de estos proyectos. La colaboración entre constructores, comunidades locales y organismos ambientales es esencial para implementar prácticas más sostenibles y éticas en el desarrollo urbano.
En conclusión, aunque las constructoras puedan cumplir con las normas ambientales vigentes, desde una perspectiva ética, es imperativo buscar formas más sostenibles de desarrollo urbano que protejan los hábitats y ecosistemas locales. Solo a través de la conciencia y la acción colectiva podemos asegurar un futuro más equilibrado entre el crecimiento urbano y la preservación del medio ambiente.
