Una nueva denuncia ha sido presentada contra Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, a raíz de sus presuntos vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, quien está señalado como cabecilla de una red de contrabando. La denuncia fue revelada por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, durante un consejo de ministros transmitido en cadena nacional. Rodríguez aseguró que las investigaciones sobre el caso comenzaron con Benedetti, quien habría estado involucrado en la entrada de dinero ilícito relacionado con el contrabandista.
El director de la UNP manifestó que las investigaciones aún están en curso, pero recordó que las gestiones del exembajador se vinculan directamente con los posibles aportes ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Rodríguez señaló que esta situación debe ser aclarada, sin emitir un juicio final sobre su desenlace, pero dejando en claro la gravedad de la denuncia.
La Red de Veedurías Ciudadanas, por su parte, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en la que solicita una investigación exhaustiva sobre la posible financiación ilegal de la campaña de Petro. Según la denuncia, Benedetti habría facilitado gestiones para recibir recursos provenientes de alias Papá Pitufo, lo que pondría en entredicho la legalidad de los aportes recibidos por la campaña presidencial.
El abogado Pablo Bustos, quien redactó la denuncia, expresó serias dudas sobre la legalidad de los fondos que habrían llegado a la campaña del presidente Petro. Además, señaló que la atención del Gobierno colombiano sobre el proceso de extradición de Diego Marín Buitrago, a quien se busca traer de vuelta a Colombia desde el extranjero, refleja un interés particular en esclarecer este vínculo con el contrabando y la posible financiación ilegal.
En este contexto, el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas subrayó la necesidad de investigar las posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial, especialmente a la luz de los llamados “petrovideos”, que también han sido objeto de investigaciones por parte del Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes.
