El candidato presidencial ha expresado en diferentes oportunidades que no tienen pruebas que en su contra, pero la fiscalía lo imputo por interés indebido en la celebración de contratos y tendrá que presentarse el próximo julio a juicio.
En las últimas horas se conocieron las pruebas que vinculan al exmandatario de Santander en presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, un contrato que tenía el objetivo del manejo de basuras de ahí hasta 30 años más.
Esta contratación fue adjudicada a Vitalogic, una Unión Temporal, que se proyectó en 570.000 millones de pesos y que también adjudicaría una comisión de éxito al hijo del candidato Hernández, Luis Carlos Hernández Oliveros, si la empresa obtenía ese convenio.
Este jueves 2 de junio El Reporte Coronell reveló nuevas pruebas que existen en el proceso e indican que el exalcalde sí estaría involucrado en este delito. Una de estas son correos intercambiados que comprueban que el gerente de EMAB recibió la recomendación del consultor implicado en el caso, Jorge Alarcón, directamente desde el despacho del Ingeniero Rodolfo Hernández. “Buenas tardes doctor José Manuel: Para su conocimiento y fines pertinentes, le reenvío este correo por instrucciones del Ing. Rodolfo Hernández”, escribe en un correo la secretaria del entonces alcalde al gerente.
Además, la Fiscalía tendría en su poder una grabación en donde el actual candidato presidencial acepta que él fue quien presionó para que se contratara a Jorge Alarcón. “Yo vi todas las hojas de vida ahí (…) Me pareció que de los que llegaron ahí era el más competente. (…) Si fracasa esto, yo no le voy a echar la culpa a usted, me la echa la comunidad es a mí. Yo tomé esa determinación”, se le escucha decir al entonces mandatario.
Los otros dos contratistas que supuestamente se presentaron a la convocatoria, eran un ingeniero civil y un ingeniero mecánico. La Fiscalía cuenta con las declaraciones de ambos, en las que aseguran que jamás se presentaron a esa convocatoria pública y que al parecer fueron suplantados con documentos falsos.
“(…) el informe de conveniencia y oportunidad para que los revisara y modificara, como en efecto sucedió, antes de su escogencia como futuro consultor, además de direccionarse con el perfil señalado del futuro contratista de “ser preferiblemente un ingeniero químico el oferente”, como efectivamente se facilitó al invitarse, a tres oferentes, un ingeniero mecánico, uno civil y al ing. Químico, en cabeza de Jorge Alarcón”, explicó el fiscal en su escrito de acusación.
Por todo lo anterior, al candidato presidencial Rodolfo Hernández le queda muy mal desconocer públicamente la existencia del proceso judicial en su contra por presunta corrupción. En su defensa, podría alegar que es inocente hasta que el juez del juicio sentencie lo contrario.
Por lo pronto, la próxima audiencia de este caso está citada para el 21 de julio, un mes después de que sucedan las elecciones presidenciales en segunda vuelta, en donde el país deberá elegir entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández como su próximo presidente.
Los colombianos tienen derecho a votar por quien quieran, pero también tienen el derecho a conocer estos hechos y no solo la versión interesada del imputado Rodolfo Hernández.
