La canciller de Colombia, Laura Sarabia, sorprendió al no respaldar el decreto que convoca la consulta impulsada por el presidente Petro. La oposición ya comenzó a demandar la medida.
En medio de una creciente controversia política, se conoció que cuatro ministros del Gobierno de Gustavo Petro no firmaron el decreto 0639 del 11 de junio de 2025, con el cual se convoca oficialmente una consulta popular. Entre los funcionarios que se abstuvieron de rubricar el documento figura la canciller Laura Sarabia, una de las figuras más cercanas al mandatario.
La decisión de Sarabia ha generado sorpresa en círculos políticos y mediáticos, pues durante su gestión se ha mostrado como una de las colaboradoras más leales del jefe de Estado. Hasta el momento, no se han conocido las razones que motivaron su abstención.
Junto a Sarabia, tampoco firmaron el decreto el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma; la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, ni el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. En algunos casos, los respectivos ministerios fueron representados por funcionarios encargados que sí firmaron el documento.
Las firmas que respaldaron el decreto
A pesar de las ausencias, el decreto fue firmado por 18 altos funcionarios del gabinete, entre ellos:
- Armando Benedetti (Interior)
- Pedro Arnulfo Sánchez (Defensa)
- Yannai Kadamani Fonrodona (Culturas)
- Patricia Duque Cruz (Deporte)
- Carlos Rosero (Igualdad y Equidad)
- Rosa Yolanda Villavicencio (Relaciones Exteriores – encargada)
- Yesenia Olaya (Ciencia, Tecnología e Innovación)
- Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud)
- María Fernanda Rojas Mantilla (Transporte)
- Daniel Rojas (Educación)
- Germán Ávila Plazas (Hacienda)
- Augusto Alfonso Ocampo (Justicia – encargado)
- Martha Viviana Carvajalino Villegas (Agricultura)
- Antonio Sanguino (Trabajo)
- José Luciano Sanín Vásquez (Minas y Energía – encargado)
- Diana Marcela Morales Rojas (Comercio, Industria y Turismo)
- Christian David Díaz Bulla (Ambiente – encargado)
- Helga María Rivas (Vivienda)
- Julián Molina Gómez (TIC)
Fuerte rechazo y acciones judiciales de la oposición
El acto presidencial, bautizado como el “decretazo”, ha encendido las alarmas en distintos sectores del país. Desde la oposición, ya se iniciaron acciones legales para frenar lo que consideran un abuso del poder ejecutivo.
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, anunció la radicación de una demanda ante los tribunales. “Vamos a demandar el Decreto 639 de 2025, con el cual el presidente intenta ignorar al Congreso. Confiamos en la acción de la justicia para defender las instituciones”, afirmó.
El expresidente Iván Duque también se pronunció con dureza. Aseguró que el decreto “viola la independencia de poderes” y pidió a la Organización Electoral que se abstenga de convocar la consulta. “Colombia no es una dictadura”, subrayó.
Por su parte, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo calificó el acto como “inconstitucional” y alertó sobre el precedente negativo que deja para la separación de poderes.
Incluso sectores económicos como Fenalco expresaron su preocupación. “Con esta decisión, se consuma un golpe de Estado liderado por Gustavo Petro y sus ministros. Esto rompe las reglas del juego democrático”, declaró Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio.
¿Qué se necesita para que la consulta sea válida?
De acuerdo con la ley, para que la consulta popular tenga efectos vinculantes, debe participar al menos un tercio del censo electoral, es decir, 13.654.456 ciudadanos, de un total de 40.963.370 personas registradas. Además, la mitad más uno de los votos emitidos debe respaldar cada una de las preguntas formuladas por el Gobierno.
Con este panorama, el país se prepara para una nueva etapa de tensión institucional, en la que el poder judicial tendrá un rol clave al revisar la legalidad del decreto presidencial. Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa y preocupación los pasos del Ejecutivo.
