La defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, rechazó los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación sobre la supuesta falta de solidez en la información entregada por su clienta en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el abogado Oswaldo Medina Posada, Ortiz ha entregado datos “precisos, verificables y con una narrativa coherente” que podrían dar pie incluso a investigaciones contra funcionarios aforados.
La respuesta de la defensa se dio tras el comunicado de la Fiscalía del pasado 9 de abril, en el que se niega la existencia de una negociación en curso para un principio de oportunidad, pese a los acercamientos con la exfuncionaria. La entidad aseguró que los delitos imputados —lavado de activos y tráfico de influencias— son de alta gravedad, y que la información ofrecida hasta el momento resulta “confusa, contradictoria y no sustentada en pruebas objetivas”.
No obstante, el abogado Medina sostuvo que Ortiz ha manifestado desde el inicio su voluntad de colaborar con las autoridades, entregando elementos que, en su criterio, permiten esclarecer los hechos investigados. Además, reiteró que su clienta mantiene firme su compromiso con el proceso judicial y su disposición a seguir aportando a la justicia.
El principio de oportunidad solicitado por la defensa sigue vigente, a la espera de una decisión oficial por parte de la Fiscalía. Medina confía en que la entidad valore la información entregada y considere el alcance que esta podría tener en el avance de las investigaciones.
Mientras tanto, Sandra Ortiz ha anunciado su intención de hacer pública la información que posee sobre la presunta red de corrupción en la UNGRD. La Fiscalía, sin embargo, ha aclarado que cualquier revelación hecha por la exfuncionaria será bajo su responsabilidad y no comprometerá a la institución en el marco de la justicia premial.
