A la opinión pública:
Los ciudadanos Moisés David Anaya Villadiego y Mario Andrés Jarava Morales, abogados en ejercicio hemos radicado ante la Secretaría del Consejo de Estado acción de tutela contra el Presidente de la República, el Ministerio del Interior y la Contraloría Distrital de Cartagena por la vulneración de los derechos de los cartageneros a elegir a sus dirigentes.
La Contraloría Distrital de Cartagena en abuso de sus facultades a emitido un acto que ordena la suspensión temporal del alcalde, sin embargo, pese a que se supone que la suspensión es temporal, el Contralor no estipuló por cuanto tiempo es la suspensión o cuanto estima que demorará el proceso que adelanta contra el alcalde. Estos son requisitos necesarios para decretar la suspensión provisional de acuerdo a la Corte Constitucional para garantizar que la suspensión no se convierta en una medida permanente, por lo cual es evidente que el contralor al no establecer estos límites temporales pretende extender la suspensión por el resto del periodo del alcalde lo cual vendría a ser una destitución camuflada.
La actuación del contralor es aún más perversa si se tiene en cuenta que al ser la suspensión una actuación dentro de un trámite de un proceso de responsabilidad fiscal en curso esta no es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo como si lo sería un eventual fallo donde declare la destitución del mandatario. Con estas actuaciones, la contraloría pretende hacerle el quite al control jurisdiccional imponiendo una destitución de facto al alcalde.
Estos hechos claramente arbitrarios atentan contra los derechos de los cartageneros a elegir quien debe regir los destinos de la ciudad y atenta contra lo ya indicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando establece que órganos administrativos no pueden cercenar los derechos políticos de los funcionarios elegidos por voto popular, sino que debe ser un juez en un proceso penal, el Contralor pretende suprimir la voluntad popular de los cartageneros, por eso como ciudadanos estamos llamados a evitar tal arbitrariedad.
Por todo lo anterior hemos radicado la acción de tutela ante el Consejo de Estado para que ordene al presidente y/o ministro del interior que se abstenga de ejecutar la Resolución expedida por el Contralor Distrital de Cartagena, igualmente ordene a la Contraloría revocar la resolución Arbitraria.
En ese sentido, invitamos a la ciudadania en general a que presente las coadyuvancias que consideren del caso durante el trámite de la mencionada acción de tutela.