La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha cumplido con éxito los compromisos establecidos en la Sentencia 25000-23-25-000-2003-91193-01(AP) del Consejo de Estado, que ordenaba la recuperación del equilibrio ecológico en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y el Archipiélago de San Bernardo. Tras 13 años de trabajo, la ANT, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, ha implementado medidas estrictas para garantizar la protección ambiental en estas áreas, especialmente en los contratos de arrendamiento de tierras que administra.
El 27 de septiembre, en el Hotel Caribe de Cartagena, se llevó a cabo una reunión del Comité de Verificación de la Sentencia del 2011, donde se presentó un informe detallado sobre el cumplimiento de las medidas ambientales. En este evento participaron entidades clave como la Procuraduría General de la Nación, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y las comunidades insulares, quienes aprobaron las acciones de la ANT para proteger los ecosistemas de la región.
Desde la emisión de la sentencia en 2011, que ordenaba la restauración de los ecosistemas en el Archipiélago de Rosario y San Bernardo, la ANT ha trabajado para asegurar que las actividades de arrendamiento no afecten negativamente al medio ambiente. Esto incluye el cumplimiento de estrictas normas ambientales en los contratos de arrendamiento de los predios que la Agencia administra en la zona.
El cumplimiento de estas medidas es considerado un logro importante, ya que contribuye a la protección de ecosistemas de gran valor ecológico, como los arrecifes coralinos, los pastos marinos y los bosques de manglar. Estos ecosistemas son fundamentales para la biodiversidad y la protección de las costas, actuando como barreras contra la erosión marina.
“Hoy, tras la audiencia de verificación, la Procuraduría General de la Nación ha reconocido que la gestión de la ANT bajo la dirección de Felipe Harman ha dado estricto cumplimiento a la orden judicial. Este informe será enviado a la autoridad judicial para dar por cerrado el proceso”, afirmó Jairo Garcés, jefe de la Oficina Jurídica de la ANT.
Este cumplimiento no solo cierra un proceso judicial de más de 13 años, sino que también representa un paso significativo en la recuperación ambiental de áreas con alta biodiversidad, consolidando el compromiso de la ANT con la protección de los ecosistemas y el desarrollo sostenible en la región.
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