El presidente Gustavo Petro ha generado controversia con una propuesta para utilizar los ahorros depositados por los colombianos en los bancos como fuente de financiamiento para inversiones obligatorias. Esta iniciativa, parte de un paquete legislativo que incluirá una reforma tributaria, busca estimular la economía mediante créditos baratos destinados a sectores productivos como la agricultura, la industria, la vivienda y el turismo.
Durante el Congreso de Reactivación Económica en Manizales, Petro explicó que la medida pretende mitigar el impacto negativo de la baja inversión privada, movilizando recursos que actualmente están inactivos en el sistema bancario. Según el presidente, los fondos serían administrados por entidades como Bancóldex, Banco Agrario, Finagro y el Fondo Nacional del Ahorro, con el objetivo de ofrecer créditos a tasas de interés reducidas.
A pesar de las garantías ofrecidas por el mandatario de que los ahorros no se perderían y se devolverían con intereses modestos, la propuesta ha generado críticas significativas. Representantes del sector bancario han expresado reservas, argumentando que las inversiones forzosas son inapropiadas para el contexto económico actual y que podrían enfrentar obstáculos legales y prácticos en su implementación.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, señaló que medidas similares solo han sido adoptadas por países como Venezuela y Bolivia en el siglo XXI, mientras que María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval, enfatizó la necesidad de fortalecer asociaciones público-privadas en lugar de imponer inversiones forzosas.
La propuesta de Petro ahora espera discusión y aprobación en el Congreso, donde enfrentará un debate sobre su viabilidad económica y legal, así como sobre su impacto potencial en el sistema financiero y los ahorros de los ciudadanos.
