En un extenso documento de 19 páginas, la Procuraduría ha solicitado la restricción de los gastos y desplazamientos de la primera dama, Verónica Alcocer, argumentando que no ostenta la condición de servidora pública. Este requerimiento surge en medio de investigaciones que detallan el uso de recursos estatales por parte de la esposa del presidente para llevar a cabo sus viajes.
El Ministerio Público ha instado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a invalidar el decreto 0035 emitido el 12 de enero de 2023, mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Alcocer como “Embajadora en Misión Especial”.
En el texto presentado, se hace referencia al artículo 126 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos postular o contratar con personas con las que tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quienes estén unidos por matrimonio.
Se destaca que Petro, en su calidad de servidor público, expidió un decreto para designar a su esposa Verónica Alcocer como Embajadora en Misión Especial, posibilitando así la realización de numerosos viajes. La Procuraduría argumenta que, al no ostentar Alcocer la condición de servidora pública, no debería recibir comisiones o viáticos, ya que estos están destinados exclusivamente a funcionarios en ejercicio.
Es relevante recordar que, según una investigación de La Silla Vacía, Alcocer cuenta con un equipo de asesores, incluyendo fotógrafos, maquilladores e incluso a su mejor amiga, cuyos salarios equivalen a los de ministros, generando un costo cercano a mil millones de pesos para el Estado.
