Rosa Elvira Cely era una mujer de 35 años que vivía en Bogotá, trabajaba en un puesto ambulante en la calle durante el día y por la noche estudiaba en una escuela pública para terminar su secundaria. La madrugada del 24 de mayo de 2012, fue victima de abuso sexual y tortura por parte de un excompañero de estudios.
Rosa alcanzó a llamar a un número de emergencias y les dijo su ubicación. Fue hallada cerca al Parque Nacional, en Bogotá, sin ropa, herida en varias partes del cuerpo y señas de estrangulamiento. La trasladaron a un hospital y murió tras cuatro días en cuidados intensivos.
Su familia presentó una demanda contra el Estado colombiano debido a que su asesino, Javier Velasco, tenía cuentas pendientes por otros crímenes y aún así permanecía en la calle, representando un riesgo para las mujeres.
En la demanda, también se incluyó la responsabilidad de las entidades del distrito por la falta de garantías a la hora de atender la urgencia que Cely trató de alertar y terminó con su vida.
Once años después del feminicidio, el Juzgado 37 Administrativo de Bogotá declaró “administrativa y extracontractualmente responsable a la Secretaría de Salud Distrital, al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, al Hospital Santa Clara, hoy Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente y a la Fiscalía General de la Nación por el daño antijurídico causado por los hechos que dieron lugar a la muerte de Rosa Elvira Cely”.
El juez ordenó reparar a la hija, la mamá y la hermana de Rosa Elvira por más de $1.300 millones de pesos por daños morales, materiales y de salud.
