El caso que hoy sacude al periodismo colombiano ha abierto un debate que va mucho más allá de los nombres propios. Como mujer, rechazo cualquier forma de violencia sexual y celebro que hoy existan más espacios para que las víctimas denuncien. Pero precisamente porque creo en esa lucha, también creo que debemos ser extremadamente responsables de la manera en que juzgamos estos casos.
En cuestión de minutos, las redes sociales ya habían dictado sentencia. Para unos, el periodista era un agresor. Para otros, la periodista mentía. En ambos extremos ocurrió lo mismo: se reemplazó la investigación por la emoción.
En diferentes medios veo opiniones que sostienen que, por el solo hecho de haber aceptado una invitación o de haber ido voluntariamente a un apartamento, no puede hablarse de abuso sexual. También están quienes afirman que el simple relato de la mujer es suficiente para declarar culpable a una persona.
La legislación colombiana y la jurisprudencia han sido claras: el consentimiento es el elemento central en los delitos sexuales. Ir a un apartamento, aceptar una cita o incluso haber tenido una relación previa no significa que exista consentimiento para cualquier acto posterior. Pero tampoco una denuncia, por sí sola, constituye prueba de un delito. Para eso existen investigaciones, evidencias y jueces.
Lo que más preocupa de este caso no es únicamente la denuncia. Es la velocidad con la que la sociedad necesita un culpable antes de que exista una decisión judicial. Si la denuncia resulta cierta, la víctima merece justicia y el responsable una sanción ejemplar.
Si la investigación demuestra inconsistencias o insuficiencia probatoria, también será un triunfo de la justicia, porque el debido proceso existe precisamente para evitar condenas sin pruebas.
Como periodistas, tenemos una responsabilidad adicional. No podemos convertirnos en fiscales ni en jueces desde un titular o una publicación en redes sociales. Nuestra obligación es informar, contextualizar y respetar la presunción de inocencia sin desconocer el derecho de las víctimas a ser escuchadas.
El verdadero enemigo no es quien pide prudencia ni quien decide denunciar. El verdadero enemigo es la polarización que nos obliga a escoger un bando antes de conocer la verdad.
La lucha contra la violencia sexual necesita credibilidad y justicia. Necesita que toda víctima sea escuchada con respeto, pero también que toda persona denunciada tenga derecho a un proceso imparcial.
Porque cuando las redes sociales reemplazan a los jueces, nadie gana. Ni las víctimas, ni los acusados, ni la justicia.
