La representante a la Cámara Katherine Miranda presentó una demanda contra la resolución firmada por el presidente Gustavo Petro, en la que se designa a 18 exjefes paramilitares como gestores de paz. La acción legal fue radicada ante el Consejo de Estado, argumentando que algunos de los designados tienen antecedentes de crímenes de lesa humanidad.
El pasado 12 de noviembre, el presidente Petro oficializó el nombramiento de estos exlíderes de las AUC como parte de su política de ‘paz total’, cuyo objetivo es facilitar la reincorporación de actores armados ilegales y avanzar en la construcción de paz en el país. Sin embargo, esta decisión ha generado críticas, especialmente de sectores independientes en el Congreso.
Miranda ha cuestionado en particular la inclusión de tres exjefes paramilitares: Hernán Giraldo, alias El Taladro; Hebert Veloza, alias HH; y Héctor Buitrago, alias Martín Llanos. Según la congresista, estos hombres han sido condenados por delitos graves como violaciones a menores de edad y otros crímenes de lesa humanidad, lo que, en su opinión, los hace inelegibles para asumir roles que buscan promover la paz.
La congresista argumentó que el nombramiento de personas con este tipo de antecedentes contradice las disposiciones legales y principios de justicia que deben regir las políticas de reconciliación en el país. “No se puede hablar de paz mientras se asignan roles de liderazgo a quienes han sido responsables de las peores atrocidades contra la población civil”, expresó Miranda.
Este caso ha abierto un nuevo debate sobre los límites éticos y legales de la política de ‘paz total’ del Gobierno, mientras se espera que el Consejo de Estado determine la viabilidad de los nombramientos.
