“En medio de esta situación, el alcalde formuló una acción popular contra propietarios de edificaciones en mal estado…”.
El concejal Wilson Toncel Ochoa ha presentado una perspectiva crítica sobre el deterioro del Centro Histórico de Cartagena, que cuestiona la premisa de que la responsabilidad recae únicamente en los propietarios privados. En su columna del Concejo, Toncel Ochoa argumenta que las acciones del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) son insuficientes para abordar la gravedad de la situación.
Según Toncel, existen múltiples obstáculos para intervenir en inmuebles no atribuibles a particulares, como los costos elevados, los obstáculos en el Comité Técnico de Patrimonio del IPCC, la burocracia en la Curaduría Urbana, la falta de criterios uniformes en la aplicación de normas, y una tramitología lenta que supera la realidad inmobiliaria.
A comienzos de este año, el Comité Técnico de Patrimonio sufrió una reducción significativa en su capacidad operativa tras la sustitución de miembros con experiencia en conservación y restauración. Este cambio fue seguido por la promulgación del Decreto 404 de 2024, que modificó los procedimientos establecidos por el Acuerdo 001 de 2001. Anteriormente, el IPCC recibía y analizaba proyectos técnicos antes de presentarlos al Comité Técnico de Patrimonio, pero esta función ya no está en manos del IPCC. Como resultado, este año casi ningún proyecto aprobado ha logrado obtener los permisos o licencias de construcción necesarios.
En respuesta a la crisis, el alcalde ha promovido una acción popular contra los propietarios de edificaciones deterioradas. No obstante, esta medida ha generado confusión entre constructores y propietarios sobre los pasos a seguir en casos específicos. Aunque es positivo que el alcalde esté personalmente involucrado en la revisión y aprobación de proyectos de conservación, es crucial que los nuevos procedimientos implementados por su administración sean optimizados para mejorar la eficiencia, transparencia y control en la gestión del patrimonio histórico de Cartagena. La solución a esta problemática no debe resultar en un remedio peor que el problema original.
