La Casa Blanca está estudiando proteger de la deportación a más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y que llevan varios años en el país. Esta es la respuesta del presidente Joe Biden a las críticas que recibió por la orden ejecutiva que cierra la frontera en un año electoral y restringe el asilo.
Los medios aseguran que la decisión, conocida como “parole in place” (parole vigente), permitiría a estas personas trabajar legalmente, lo que les facilitará las cosas para obtener la ciudadanía.
Si llega a aprobarse, los beneficios serían similares a los que reciben 560.000 dreamers de DACA y otros miles de personas que tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes renuevan sus autorizaciones de empleo ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración cada dos años, en el caso de los primeros, y cada 18 meses los segundos.
La iniciativa parte de una campaña que un grupo de organizaciones promotoras de los derechos de los migrantes han llevado a cabo junto a congresistas demócratas, que buscan presionar al presidente Biden para que haga uso de su poder ejecutivo frente el boicot de los republicanos en el Congreso, quienes se han negado a apoyar una vía de dar papeles a millones de indocumentados.
Esta fue una de las promesas de campaña del candidato demócrata frente a Trump.