La Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios ha emitido un comunicado exigiendo la eliminación del cobro de la “opción tarifaria” en las facturas de energía, una medida implementada para recuperar los dineros no recaudados durante la pandemia. La organización advierte que esta tarifa adicional ha hecho que los recibos de energía sean impagables para muchos usuarios en la región, exacerbando la pobreza y limitando la capacidad de las empresas para generar empleo.
A pesar de que el gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo la oportunidad de derogar el artículo 318 del Plan de Desarrollo de su predecesor, Iván Duque, decidió prorrogarlo. La Liga Nacional de Usuarios critica esta decisión, argumentando que, en lugar de mejorar la situación, ha empeorado la vida de los usuarios caribeños. Según la organización, la promesa de “justicia tarifaria” no ha traído el alivio esperado, sino que ha perpetuado una carga económica adicional desde 2008.
La controversia se intensificó cuando el director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) advirtió que la reciente orden presidencial de asumir el pago de la opción tarifaria no se traducirá en una reducción inmediata de las tarifas. Esta declaración ha generado preocupación y descontento entre los usuarios, que esperaban un alivio más rápido en sus facturas.
La Liga Nacional de Usuarios ha señalado que, mientras la comisión de regulación no derogue el acto administrativo que respalda esta tarifa, los habitantes del Caribe seguirán enfrentando un impacto económico significativo en sus facturas de energía. La organización insta a las autoridades a tomar medidas concretas y urgentes para atender las reclamaciones de los usuarios y aliviar la carga financiera que actualmente soportan.
El llamado de la Liga Nacional de Usuarios es una muestra más al creciente malestar en la región Caribe, donde las familias y las empresas luchan por hacer frente a los altos costos de la energía. La organización pide una acción decisiva y efectiva para eliminar la “opción tarifaria” y proteger el bienestar económico de los ciudadanos