Según el censo penitenciario de 2022 en Ecuador, más de 3,200 personas de nacionalidad extranjera se encuentran privadas de la libertad, representando un 10% de la población carcelaria, siendo la mayoría hombres. En diciembre de 2023, el presidente Daniel Noboa anunció que más de 1,500 reclusos extranjeros, principalmente de Colombia, Perú y Venezuela, serían expulsados como parte de un plan para abordar la creciente violencia relacionada con el narcotráfico y bandas criminales.
Noboa afirmó haber contactado a las cancillerías de los países respectivos para coordinar la repatriación de los condenados. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, expresó la disposición del gobierno para cooperar, pero subrayó la necesidad de cumplir requisitos. Destacó que la iniciativa debe provenir de la persona privada de la libertad y que la repatriación es voluntaria. Hasta el momento, no se ha recibido ninguna solicitud formal desde Ecuador.
Osuna explicó que la legislación ecuatoriana exige analizar caso por caso y priorizar a aquellos condenados que estén enfermos. Aclaró que las solicitudes deben ser iniciadas por la persona privada de la libertad. En 2023, el Ministerio de Justicia recibió diez solicitudes de repatriación desde Ecuador, aprobando siete, enfatizando que esta no es una iniciativa gubernamental, sino personal.