Luego de que se hiciera publico el caso de Norelys Álvarez, una mujer venezolana y madre, en la que le sacan esposada con su hija en brazos de una tienda Jon Sonen en la ciudad de Cartagena, debido a que estuvo reclamando el pago de sus prestaciones sociales y liquidación, se ha tornado en una crisis para el empresario.
Ya que con el video grabado por el hijo de Norelys, un niño de ocho años, que estaba con madre y su hermana pequeña presenciando como es sacada del lugar por unos integrantes de la Policía, a llegado hasta el presidente Gustavo Petro, quien catalogó el hecho como “deplorable”. Además, sentencio que “El respeto a las reglas laborales debería ser pan de todos los días”.
La exempleada de Jon Sonen, trabajó para la marca durante un año y seis meses, denunció presuntas irregularidades con su vinculación, según les contó a los medios de comunicación: “Tenía cinco meses de embarazo y trabajaba en el almacén, pero un día presenté una crisis de salud; el centro comercial busca prestarme asistencia médica, pero ahí descubrimos que no tenía seguridad social y no me pueden atender. El empleador nunca respondió”.
Conjunto esto se sumó rechazo del presidente Petro, se unió la medida tomada por parte del Ministerio de Trabajo, el cual selló la tienda luego de visitarla y “verificar no afiliación y pagos a riesgos laborales a través de entrevista a trabajadores y consulta en la página de la administradora de riesgos laborales”, según un documento conocido por la cadena ‘Blu Radio’.
Desde Twitter el viceministro del trabajo Edwin Palma Egea, hizo una aclaración respecto “El cierre temporal del establecimiento no tiene que ver con su caso (el de Norelis Álvarez), sino con la ausencia de pago de seguridad social de un trabajador encontrado en la visita. Esperamos que el empleador cumpla”, sostuvo.
Por su parte el empresario, se ha mantenido en silencio respecto a las nuevas denuncias que se han difundido por parte de extrabajadores en distintos medios de comunicación, de momento solo se ha pronunciado frente al caso de Alvarez, que fue retirada por la Policía.
Jon Sonen, mostro un documento con fecha del 15 septiembre de este 2022, donde menciona que habría pagado la liquidación por 3’002.500 pesos. “Quiero levantar una voz, como artífice de esta marca que lleva construyendo país hace más de 25 años. A esta señora se brindaron unas garantías, no solo en tiempo de pandemia, donde se le respetó su puesto de trabajo, además en su estado de embarazo se le canceló toda su licencia de maternidad. Hoy por una demanda quiere mancillar el nombre de esta empresa y el mío”, Señaló el empresario.
