El alcantarillado sanitario en el municipio de María la Baja el cual tuvo una inversión de más de 18 mil millones de pesos, según la Procuraduría, no cuenta con una infraestructura terminada y por tal razón se ha formulado un pliego de cargos contra dos de los funcionarios que la recibieron.
El pliego de cargos que fue realizado contra dos funcionarios, se trata de Luz Marina Alarcón, funcionaria de Findeter (Banca de Desarrollo Territorial) y supervisora del contrato de interventoría, junto a Jaime Buenaventura Quintero Sagré, representante legal del Consorcio HICON e interventor del contrato para la época de los hechos.
El contrato para la construcción de este alcantarillado fue realizado por 18 mil millones de pesos, sin embargo, Procuraduría sostiene, que las obras no fueron entregadas a cabalidad.
“Las conductas endilgadas a los entonces supervisor e interventor del contrato fueron calificadas provisionalmente como falta gravísima cometida a título de culpa grave y culpa gravísima, respectivamente”, declaró el ente de control a través de un comunicado.
Los pliegos fueron formulados luego de que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría visitara las inmediaciones del alcantarillado y evidenciara deficiencias en su diseño y proceso constructivo.
