Se trata de Marcel Eduardo Buendía Hernández, quien era archivador de la Registraduría en Cartagena. Presuntamente habría exigido hasta un millón de pesos por diligenciar contraseñas a extranjeros. Es así como por petición de un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bolívar, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
La decisión judicial se hace en relación con los hechos ocurridos entre mayo de 2018 y agosto de 2019. En el cual Buendía, se habría aprovechado su cargo en la entidad pública para exigir el pago de hasta un millón de pesos para diligenciar contraseñas a ciudadanos venezolanos cuando estos trámites son gratuitos.
Según determinaron en la investigación, el funcionario se prestó para adulterar información oficial que, supuestamente, permitiría legalizar la estadía de extranjeros en el territorio nacional. Desde el ente acusador continúan investigando si esta conducta se presentó de manera reiterada pues, al parecer, existe otra queja contra el procesado por, supuestamente, incurrir en un comportamiento similar.
Buendía fue capturado el 13 de junio por CTI de la fiscalía, en su puesto de trabajo, el investigado niega los cargos en su contra interpuestos por el ente acusador, como presunto responsable de los delitos de concusión en concurso heterogéneo con falsedad material en documento público.