Alcalde Dau acudió a la CIDH para echar abajo la suspensión en su contra

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Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se abrió y registró la solicitud de medidas cautelares interpuesta por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, sobre la solicitud de suspensión hecha por la Contraloría Distrital.

Por medio del proceso MC-439-22, el mandatario solicita que se apliquen medidas cautelares en cumplimiento de los artículos 25 del reglamento de la Comisión y el 23 de la Convención Americana que prohíbe a los funcionarios administrativos afectar derechos políticos y ratifica que sólo los jueces, por fallos judiciales, pueden suspender los elegidos popularmente.

Con esta petición por parte de Dau, se busca dejar sin efectos la solicitud de suspensión contra del alcalde de Cartagena, interpuesta por Contralor Distrital (e) de Cartagena al presidente Iván Duque, a través de la Resolución 164 de 2022, ya que se estaría violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en el artículo 23 hace referencia al debido proceso y al derecho ciudadano de elegir y ser elegido.

Por su parte la CIDH, se ha pronunciado en 2 casos anteriores como precedente los cuales son en Colombia, el caso de Gustavo Petro, y en Venezuela, el de Leopoldo López, señalando que las autoridades administrativas como las contralorías, no pueden limitar los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente, pues solo los jueces penales son los competentes para suspender o inhabilitar a estos funcionarios.

Según lo anteriormente mencionando, en aplicación del bloque de constitucionalidad y del principio de conformidad, la Presidencia de la República no podría ejecutar un acto que viola las mínimas garantías del artículo 23 de la Convención Americana al ser expedida por una autoridad administrativa como el Contralor Distrital de Cartagena.

Adicionalmente, el pasado 31 de mayo, el alcalde Dau presentó ante la Presidencia de la República una solicitud de excepción de inconstitucionalidad de la Resolución No. 164 del 23 de mayo de 2022 que ordena de forma ilegítima su suspensión y actualmente está siendo estudiada por el primer mandatario.

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