La Corte Constitucional decidió suspender el estudio de fondo de la Ley 2381 de 2024 tras la presentación de una recusación contra el magistrado Héctor Alfonso Carvajal, quien habría tenido vínculos contractuales previos con Colpensiones, entidad directamente relacionada con la reforma. La Sala Plena deberá resolver primero si Carvajal puede seguir participando en el proceso antes de continuar con el análisis de constitucionalidad.
Durante la sesión del alto tribunal, la discusión se centró en las recusaciones interpuestas por el concejal Daniel Briceño y la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, esta última autora de la demanda que cuestiona el trámite legislativo de la norma. Ambos argumentan que el magistrado no tendría la imparcialidad necesaria para pronunciarse, debido a que, antes de asumir su cargo, habría elaborado conceptos jurídicos sobre los mismos artículos que hoy están en estudio. Esta situación, según los demandantes, configuraría un conflicto de intereses.
La Corte deberá determinar en las próximas semanas si procede la recusación, lo que podría retrasar aún más la revisión de una de las reformas más importantes del actual gobierno. Mientras tanto, organizaciones sindicales y sectores afines al Ejecutivo han anunciado plantones frente al Palacio de Justicia para exigir una pronta decisión. El alto tribunal, por su parte, solo se pronunciará sobre la legalidad del trámite legislativo, sin entrar a valorar los aspectos económicos o sociales del nuevo sistema pensional.
