El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció este martes 29 de octubre que el próximo 2 de noviembre será la fecha definitiva para la demolición del polémico edificio Aquarela. En una rueda de prensa desde la Plaza de la Aduana, Turbay confirmó que el desmonte se llevará a cabo en presencia del ministro de las Culturas, Juan David Correa, y coincidirá con la conmemoración de los 40 años de la designación de Cartagena como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
El mandatario explicó que la empresa encargada de la demolición, Atila, ha enfrentado dificultades técnicas debido a la cercanía de cables de alta tensión en la zona. Sin embargo, aseguró que el proceso culminará el sábado, dejando el lote completamente libre, y que la Secretaría de Hacienda procederá con el embargo del terreno como parte de las acciones legales en curso contra los responsables del proyecto.
Turbay también se refirió a los afectados por la compra de inmuebles en Aquarela, señalando que hay más de 25 familias perjudicadas. “El constructor deberá responder por los recursos invertidos. Son más de 11 mil millones de pesos que el Distrito debe recuperar, y el lote servirá como garantía para saldar esas deudas”, afirmó el alcalde, quien destacó que el embargo es un paso clave para proteger los derechos de los afectados.
En cuanto a los escombros que quedarán tras la demolición, el informe preliminar de la empresa Atila sugiere que no podrán ser reutilizados debido a la baja calidad de la obra. Turbay aseguró que están trabajando con las empresas de aseo para garantizar la disposición adecuada de los desechos. “El informe final de Atila será revelador respecto a la calidad de la construcción”, añadió.
Por último, el alcalde confirmó que se ha presentado una demanda penal por estafa masiva contra los promotores del proyecto Aquarela. El Distrito ha intervenido la empresa promotora y está avanzando en el proceso legal para levantar el velo corporativo y perseguir los bienes tanto de la sociedad como de las personas naturales involucradas, con el fin de proteger los derechos de las familias afectadas.
