La nueva norma establece un marco jurídico claro para la restitución inmediata de niños, niñas y adolescentes trasladados o retenidos ilícitamente en el exterior.
Con la entrada en vigencia de la Ley 2524 de 2025, Colombia da un paso trascendental en la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia frente al secuestro internacional. La norma crea, por primera vez, un procedimiento legal específico para los casos de restitución de menores de 16 años trasladados o retenidos ilícitamente en otro país.
Hasta ahora, los procesos se sustentaban en convenios internacionales como el Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores y en disposiciones generales del Código de Infancia y Adolescencia, sin una regulación nacional detallada. Esta ausencia de un marco jurídico propio generaba demoras y falta de claridad en los procedimientos.
Con la nueva ley, el país fortalece su compromiso con los tratados internacionales y establece procesos más ágiles, precisos y protectores de los derechos de los menores.
Entre los principales avances de la norma se destacan:
- Visitas internacionales: por primera vez se autoriza que, en caso de negarse la restitución, los jueces puedan ordenar visitas internacionales provisionales, garantizando el derecho del menor a mantener vínculos familiares.
- Causales de oposición claras: se precisan las excepciones al retorno, como el consentimiento previo de los padres, el riesgo grave para el menor, su objeción razonada y madura, o el arraigo cuando haya permanecido más de un año en el país receptor.
- Medidas de protección complementarias: los jueces podrán ordenar acciones para mitigar riesgos y asegurar la integridad física y psicológica del menor en el país de retorno.
- Procedimiento ágil: al recibir la solicitud, el juez deberá emitir un mandamiento de restitución y otorgar un plazo de tres días a la parte demandada para cumplir o justificar su oposición.
La restitución internacional aplica cuando un niño o adolescente es llevado a otro país sin el consentimiento de sus padres o permanece retenido ilegalmente en el extranjero. Su propósito es garantizar el derecho de los menores a mantener su residencia habitual, acceso a la educación, salud, entorno social y núcleo familiar.
Con esta legislación, Colombia reafirma que la protección de la infancia no conoce fronteras y que el interés superior del menor seguirá siendo el eje central de todas las decisiones judiciales y administrativas del Estado.
