A veinte años de la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio, un nuevo estudio reveló que el 93,2% de las denuncias penales en Colombia no pasa de la etapa de indagación, evidenciando la grave congestión que atraviesa la justicia.
El informe, basado en cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el INPEC, muestra que solo en 2024 ingresaron 1,87 millones de noticias criminales al sistema judicial. De ese total, el 55,6% fue producto de denuncias ciudadanas y el 26,6% por querellas. Sin embargo, la mayoría de los casos se estancaron en las primeras fases del proceso penal, sin alcanzar decisiones judiciales.
Uno de los principales problemas señalados por el estudio es la falta de capacidad institucional. En Colombia hay apenas 8,9 fiscales por cada 100 mil habitantes, y cerca del 80% de ellos trabajan en condición de provisionalidad, lo que limita la eficacia en la investigación de los delitos.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) comparó la situación con un embudo: el sistema “recibe millones de casos por una boca ancha, pero se atasca en un cuello angosto”, ilustrando así la magnitud del colapso operativo que enfrenta la justicia penal.
Además, el informe detalla que en 2024, el 81,9% de los procesos cerrados terminó archivado, mientras que apenas el 3,7% logró ser resuelto por un juez en primera instancia.
A dos décadas de su implementación, el Sistema Penal Oral Acusatorio enfrenta el desafío de recuperar la confianza ciudadana y mejorar su capacidad de respuesta, en medio de un panorama donde la impunidad sigue siendo la constante.
