El gremio de generadoras eléctricas pidió la suspensión inmediata del decreto 1072, al considerar que la medida vulnera la libertad de empresa, distorsiona el mercado y podría frenar las inversiones en el sector.
El gremio de las generadoras de energía, Acolgen, alertó sobre los riesgos que representa el decreto 1072 de 2025 expedido por el Gobierno Nacional, el cual busca limitar la cantidad de energía que se puede vender en el mercado mayorista. Según la asociación, la medida amenaza la estabilidad del sistema eléctrico colombiano, que ha operado sin apagones generalizados durante más de tres décadas.
“Existen mecanismos más eficientes para proteger a los usuarios sin destruir la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética de Colombia durante décadas”, manifestó Acolgen en un comunicado, en el que pidió al Ejecutivo suspender de inmediato la aplicación del decreto y abrir un espacio de diálogo con los actores del sector.
El decreto fue presentado por el Gobierno bajo el argumento de evitar la especulación con los precios de la energía. Sin embargo, Acolgen advierte que la intervención vulnera la libertad de empresa, genera desigualdades ante la ley, altera la competencia y desconoce la naturaleza técnica del recurso hídrico.
“Las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y se reflejarán en menores inversiones en generación, poniendo en riesgo la cantidad de energía disponible a futuro y estableciendo riesgos financieros para las empresas generadoras y para los consumidores”, señaló el gremio.
Desde su llegada al poder en 2022, el Gobierno Nacional ha intentado intervenir en la formación de precios de la energía con el propósito de reducir las tarifas para los usuarios. Varias de esas medidas han sido demandadas y posteriormente anuladas por el Consejo de Estado, debido a presuntas irregularidades en su formulación.
El Ministerio de Minas y Energía sostiene que la actual regulación beneficia a las empresas por encima del interés de los usuarios y anunció que la próxima semana presentará ante el Congreso un proyecto de ley para “garantizar tarifas justas en todo el país”.
Mientras tanto, entidades públicas y privadas del sector advierten que la incertidumbre regulatoria y la demora en inversiones clave podrían afectar la disponibilidad de energía en los próximos meses, comprometiendo la prestación del servicio en distintas regiones del país.
