La defensa del fiscal Mario Andrés Burgos solicitó al juez 54 administrativo de Bogotá abrir un proceso de desacato contra el presidente Gustavo Petro, al considerar que no cumplió de forma adecuada la orden judicial de rectificar las declaraciones en las que lo calificó como “narcofiscal”.
Bogotá, 17 de octubre de 2025. — La controversia entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño sumó un nuevo capítulo. La defensa del funcionario judicial pidió este jueves al juez 54 administrativo de Bogotá iniciar un incidente de desacato contra el mandatario, argumentando que la rectificación exigida por orden judicial fue “inexacta, confusa y fuera del tiempo establecido”.
Según el abogado Juan Sebastián Rondón, representante de Burgos, el jefe de Estado no cumplió el plazo de 40 días otorgado por el tribunal para emitir la rectificación y, en su lugar, publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter) que —a juicio de la defensa— “simuló” el cumplimiento de la orden judicial.
En la publicación, el presidente Petro afirmó que el fiscal Burgos “tiene investigaciones, pero no registra condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias”, y que, por tanto, “goza de la presunción de inocencia como cualquier ciudadano”. Además, aseguró que sus anteriores declaraciones contra el fiscal correspondían a “opiniones y juicios de valor emitidos en el ejercicio legítimo del control político y del debate democrático propio de su cargo”.
No obstante, en mensajes posteriores en la misma plataforma, el mandatario volvió a lanzar acusaciones contra Burgos, señalando que “no investigó al principal sospechoso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci” y que “la nueva fiscal del caso es de la misma cuerda del fiscal Burgos”. Estas afirmaciones, de acuerdo con la defensa, contradicen el espíritu de la rectificación ordenada.
Rondón sostuvo que el presidente actuó “con el ánimo de causar confusión en la ciudadanía y continuar con el suministro de información inexacta”, al mencionar que el fiscal Burgos “tiene investigaciones” sin aclarar que estas no están relacionadas con vínculos con el narcotráfico ni con el caso del asesinato del fiscal paraguayo.
El abogado también señaló que el fallo judicial dispuso que la rectificación debía realizarse a través de medios televisivos, algo que no cumplió el presidente. Por este motivo, pidió al despacho judicial declarar el desacato y requerir información a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) o a la Presidencia de la República sobre la gestión o solicitud de una posible alocución presidencial emitida el 15 de octubre de 2025.
La solicitud ahora está en manos del juez 54 administrativo de Bogotá, quien deberá determinar si las acciones del presidente Gustavo Petro constituyen o no un incumplimiento de la orden judicial en el marco del caso que involucra al fiscal Mario Burgos y las declaraciones del mandatario sobre el homicidio del fiscal Marcelo Pecci.
