El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció frente a la demanda interpuesta por la Procuraduría General de la Nación, que busca anular el contrato firmado con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional para la producción de pasaportes en Colombia, por un valor cercano a 1,3 billones de pesos.
En un comunicado oficial, la Cancillería aseguró que la acción judicial “no afecta la continuidad del servicio ni impide la ejecución de los proyectos, planes y programas relacionados con la expedición del nuevo modelo de pasaportes”.
🔍 El origen de la demanda
La Procuraduría, encabezada por Gregorio Eljach Pacheco, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad absoluta del contrato firmado el 18 de julio, argumentando que el convenio incumple requisitos legales y financieros.
Según el Ministerio Público, la participación de la empresa extranjera solo representa el 21 % del valor total, lo que no cumple con el requisito de financiación mínima del 50 %. Además, cuestionó la falta de un proceso competitivo de selección y pidió que Portugal devuelva los recursos recibidos hasta el momento.
📄 La posición de la Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió que el inicio de un proceso judicial “no implica un fallo en contra” ni invalida los convenios vigentes. “Hasta la fecha no existe ninguna decisión judicial que impida continuar con el proceso de producción de los nuevos pasaportes”, reiteró la entidad.
Asimismo, garantizó que “no habrá desabastecimiento de libretas” y que la expedición del documento se realiza con normalidad a través del Contrato Unión Temporal Documentos de Viaje 2026, actualmente en ejecución.
🗣️ Petro se desmarca de la Procuraduría
El presidente Gustavo Petro también intervino en el debate, distanciándose de la posición del ente de control. “Me aparto por completo del procurador en este tema. El país tiene derecho a que su imprenta sea capaz de hacer los documentos de identificación de su ciudadanía, porque los datos íntimos no deben quedar en manos privadas”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
⚖️ Una polémica que viene desde 2023
El conflicto por el contrato de pasaportes se originó en 2023, cuando el entonces canciller Álvaro Leyva suspendió el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa encargada del proceso durante 17 años, alegando falta de competencia en la licitación. En su lugar, el Gobierno firmó un acuerdo con Portugal y la Imprenta Nacional, lo que desató controversia por posibles irregularidades en la selección.
La Procuraduría también adelanta investigaciones disciplinarias contra la actual canciller Rosa Villavicencio, los excancilleres Laura Sarabia y Luis Gilberto Murillo, y el exjefe del Despacho Presidencial Alfredo Saade.
La Cancillería aseguró que continuará presentando sus argumentos ante la justicia “para demostrar que la actuación contractual se realizó conforme a la ley”.
