La Procuraduría General de la Nación impuso una sanción de diez años de inhabilitación al excanciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes. La decisión se fundamenta en faltas disciplinarias gravísimas, tras considerar que Leyva declaró desierta la licitación sin contar con los fundamentos necesarios, tanto fácticos como técnicos, para justificar su proceder.
De acuerdo con la Procuraduría, la acción del excanciller contravino los principios fundamentales de la contratación estatal, que exigen transparencia, responsabilidad y una justificación sólida para la toma de decisiones que afecten el interés público. La inhabilitación implica que Leyva no podrá ocupar cargos públicos en los próximos diez años.
Por su parte, el excanciller ha defendido su actuación, asegurando que sus decisiones fueron tomadas de buena fe y conforme a la normativa vigente. Durante el proceso judicial, Leyva ofreció una versión libre en la que explicó que su intención era proteger el interés general y económico de los ciudadanos.
