En una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), César Palomino, reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en el magnicidio del líder político Carlos Pizarro, ocurrido en 1990. Pizarro, candidato a la presidencia por la Alianza Democrática M-19, fue asesinado durante un vuelo de Bogotá a Barranquilla, en un crimen ejecutado por un sicario con la complicidad de agentes del DAS.
Palomino, en su intervención, expresó que el Estado asume su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos, específicamente al derecho a la vida e integridad personal de Pizarro. El caso, que sigue siendo objeto de investigaciones, ha revelado la participación de agentes del DAS en la planificación y encubrimiento del asesinato, que fue liderado por Carlos Castaño.
María José Pizarro, hija del líder asesinado, también intervino en la audiencia, subrayando que, a 34 años del crimen, la investigación sigue estancada. Criticó la falta de acción de la Fiscalía y la muerte de testigos clave, lo que ha obstaculizado el avance del caso. “El caso no avanza y mientras tanto mueren personas que tienen información”, señaló con indignación.
La congresista recordó cómo su familia fue despojada de su padre y su seguridad, un sentimiento compartido por millones de colombianos afectados por la violencia del conflicto armado. “Me arrebataron a mi padre, me arrebataron la seguridad de un hogar”, manifestó, mostrando su frustración por la falta de justicia.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, expresaron su interés en los términos del reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado, con la esperanza de llegar a un acuerdo de reparación y solución amistosa para las víctimas.
