Un escalofriante escándalo ha estallado en Bucaramanga, donde más de cinco fundaciones que prometían rehabilitación a personas con problemas de adicción han sido intervenidas por las autoridades. Según informes de la Fiscalía y el Ejército, estas instituciones se habrían convertido en auténticas “casas de tortura”.
Las revelaciones sobre el funcionamiento de estos lugares son desgarradoras. Una de las víctimas, que logró escapar, relató su experiencia: “Nos mantenían esposadas, encerradas en un ‘cuarto de reflexión’. Un hombre abusaba de una de mis compañeras y, durante cinco días, tuvimos que hacer nuestras necesidades en bolsas”, compartió la joven, visiblemente afectada por lo vivido.
La investigación, que se prolongó casi una década, llevó a la captura de 21 personas vinculadas a estas fundaciones. Según los testimonios, los internos vivían en condiciones inhumanas, sin acceso a baños, colchonetas ni comida adecuada. Algunos denunciaron haber sido atados y sometidos a trato cruel e inhumano, mientras que otros afirmaron que se les administraban sustancias para mantenerlos sedados y se les forzaba a cumplir con castigos severos.
Uno de los hallazgos más perturbadores fue el descubrimiento de personas mayores escondidas en paredes falsas. Los familiares de los internos expresaron su desesperación al informar que sus seres queridos habían sido trasladados a la fuerza, drogados y maltratados. “Algunos pensaban que estaban en otro centro, pero en realidad estaban siendo sometidos a un tratamiento brutal”, señaló una exfuncionaria que prefirió mantener su anonimato por razones de seguridad.
Este caso ha despertado una creciente preocupación sobre la supervisión de las fundaciones de rehabilitación en el país, destacando la urgencia de garantizar que estas instituciones realmente cumplan su función de apoyo y ayuda. Las autoridades continúan investigando para dar con todos los responsables de estas prácticas inaceptables, mientras las víctimas esperan justicia y reparación por el sufrimiento que han soportado.
