Con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional ha revocado dos sentencias previas que negaban el aborto como un derecho. El magistrado José Fernando Reyes tiene la tarea de elaborar una nueva ponencia que establezca de manera clara que la interrupción del embarazo es, de hecho, un derecho y un asunto de salud pública.
Esta nueva sentencia deberá ser sometida a la aprobación de la Sala Plena del tribunal superior. Esta acción viene como respuesta a la anulación de las sentencias T-430/22 y T-158/23, que sostenían que el aborto no constituía un derecho.
Con esta clarificación, la Corte Constitucional reafirma que el aborto es un derecho para todas las mujeres o personas gestantes que cumplan con las regulaciones establecidas por el alto tribunal.
En su declaración, la Sala Plena ha declarado “la nulidad de las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 por desconocimiento del precedente y de la cosa juzgada constitucional en lo que concierne a la sentencia C-055 de 2022”.
Además, se destaca que los magistrados José Antonio Lizarazo, Jorge Enrique Ibáñez, Cristina Pardo y Paola Andrea Meneses expresaron su desacuerdo con esta decisión.