Para muchas mujeres embarazadas, encontrar trabajo puede ser una preocupación, ya que temen que su estado pueda ser un obstáculo, especialmente debido a la posibilidad de tomar una licencia por maternidad.
Dado que no existe una ley en el país que prohíba a los empleadores solicitar una prueba de embarazo durante el proceso de contratación, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este tema en la sentencia de tutela T-47/02. En dicha sentencia, se establece que “la exigencia de una prueba de embarazo por parte de una empresa con el propósito de condicionar el ingreso o la estabilidad laboral de la trabajadora es una conducta censurable que vulnera el derecho a la intimidad de la empleada y su familia. Además, afecta el libre desarrollo de su personalidad y, en última instancia, atenta contra su derecho al trabajo”.
Esta misma sentencia también se aplica al momento de firmar un contrato por primera vez o al renovarlo y enfatiza que cualquier intento por parte del empleador de investigar o sancionar a las trabajadoras por su estado de embarazo se considera ilegítimo e inconstitucional.
Sin embargo, es importante destacar que el empleador solo puede solicitar una prueba de embarazo si el trabajo que realiza la empleada es incompatible con su estado, es decir, si se trata de una actividad que podría poner en riesgo su salud y la del bebé.