Gustavo Petro aseguró que respetará la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que habilitaba al mandatario para regular los servicios públicos de agua, saneamiento básico, energía y gas.
El alto tribunal ha decidido dejar sin efectos de forma temporal mientras logra definir si al expedirla se violó la ley o la Constitución.
“Mi gobierno respetará, como es lo básico en un estado de derecho, la decisión del magistrado Serrato de suspender mis funciones constitucionales respecto a los servicios públicos. Sin embargo, utilizaremos todos los recursos jurídicos que dispongamos ante el Consejo de Estado”, indicó Petro.
Con el decreto 0227 de 2021, el mandatario asumió durante por 3 meses las funciones de Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
Entre las principales funciones estaba la de fijar las tarifas de servicios públicos, pues, a su juicio, los incrementos de este sector habían jalonado la elevada inflación del último año.
Posteriormente vinieron las demandas, ya que un grupo de ciudadanos aseguró que el decreto fue expedido ilegalmente, porque -según ellos- el gobierno no había respetado los plazos establecidos y que, además, el proceso de fijación de tarifas de servicios públicos solo podía cambiarse con una ley tramitada en el Congreso y no con un decreto.
En ambas afirmaciones el Consejo de Estado les dio la razón a los demandantes. Además, la Creg alertó sobre los riesgos de este tipo de decisiones; pues, el sector de la energía venia funcionando durante casi 30 años con un modelo que, a su juicio, les ha brindado seguridad jurídica y financiera, que les ha permitido ampliar la oferta de energía en el país.
