De acuerdo con las autoridades, se trata de cuatro personas, entre ellas una docente universitaria que fueron imputados por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.
Por más de 10 años estas personas habrían evadido a la Dian con la importación de celulares de alta gama.
Las cabezas de la organización sería Maritza Ruiz de Vargas, una docente de una universidad privada de la clase alta barranquillera, y sus dos hijos, Álvaro Yazid y Miguel Ángel Vargas Ruiz, así como María Estela Granados Araque.
El ente acusador, dijo que, “durante casi una década, habrían adulterado facturas y habrían registrado precios en aduana mucho menores a los reales de cada equipo para evitar pagar los impuestos reales”.
Con estas maniobras, se habrían enriquecido en alrededor de $147.000 millones de manera ilegal.
Según la Fiscalía, los cuatro constituyeron una empresa dedicada a la comercialización de tecnología, pero realmente, entre 2010 y 2019 se habrían dedicado a subfacturar los productos que importaban, lo que significó un millonario fraude a la Nación.
“Se estableció que la mercancía ingresaba a territorio nacional mediante la declaración de precios que estaban muy por debajo de los valores fijados en el mercado”, dice la Fiscalía.
