Este centro médico, propiedad de las monjas franciscanas, se niega a practicar interrupciones voluntarias del embarazo, alegando que es una institución religiosa, a pesar que en Colombia toda mujer o persona gestate tiene derecho a solicitar la interrupción de su embarazo por cualquier motivo hasta la semana 24.
Según expertos, está acción sería ilegal e inconstitucional.
