Esto es algo que representa grandes sumas de dinero y relaciones políticas, como es acostumbre en temas del estado colombiano.
Camionetas blindadas Station Wagon 4×4, de modelos 2020 o superiores, transitan por las calles de Bogotá (y de las regiones), transportando de la casa al Congreso, del Congreso a algún edificio oficial, o de ese a una reunión privada, a mercar, a citas médicas, de regreso a la casa y así, con las 295 personas que ostentan una curul en el Capitolio.
Algunos de los perfiles de quienes tienen por encargo hacer las leyes de 2022 a 2026 son: políticos de partidos tradicionales, líderes y lideresas sociales, activistas, animalistas e influencers, que a día de hoy, en medio de la discusión nacional sobre el déficit fiscal que enfrenta el país y la reforma tributaria del Gobierno para ejecutar cambios en distintos sectores, sus privilegios están en la mira para la reducción de costos.
Según dos exfuncionarios de alto rango de la Unidad Nacional de Protección, sostienen que las camionetas que se les asignan a los representantes son un foco de despilfarro de dinero público que, por supuesto, está permeado por las relaciones políticas entre los congresistas y los servidores de otras unidades estatales.
Otro exfuncionario de la UNP que trabajó en los primeros años de creada contó que, en términos simples, se llegó a un acuerdo general de que todos los representantes tuvieran camioneta blindada para que estuvieran en una especie de igualdad de condiciones. Esto aplicó hasta para los representantes de Cundinamarca, Boyacá y Bogotá, sin alto riesgo, que aunque no requieren dos vehículos pues sus residencias quedan cerca del Congreso, igual tienen dos carros a disposición.
