Este marte, La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) adoptar protocolos técnicos encaminados “a asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas a lo largo Canal del Dique”.
Esto en el marco del megaproyecto del Canal del Dique que busca entre otras cosas, mejorar la navegabilidad por este cuerpo de agua y solucionar de raíz el problema de los desbordamientos durante la temporada de invierno en los municipios ribereños, en particular los del sur del Atlántico.
De acuerdo con la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SAR) señaló que la medida se toma en el curso del trámite de unas medidas cautelares sobre el Dique.
Lugar en el que, según un estudio del Grupo de Análisis de la Información (Grai), habrían ocurrido, aproximadamente, “unas 9.638 desapariciones forzadas, entre los años de 1991 y 2015”.
“La SAR negó la solicitud de suspender el proceso de licitación del proyecto ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’ elevada por el colectivo de víctimas ‘La Ruta del Cimarronaje’2, se lee en la cuenta de Twitter de la JEP.
Agregan que, “en concepto de la Sección, este tipo de solicitudes corresponden, en principio y por competencia a los jueces administrativos, y solo de manera excepcionalísima a la JEP”.
La SAR considera importante responder a la preocupación por el riesgo “que puedan correr los lugares en los que se presume podrían estar los cuerpos de familiares y seres queridos de las comunidades aledañas al Canal”.
