Este 28 de febrero, el Consejo de Estado ratificó que el Gobierno cuenta con un plazo máximo de tres meses para expedir una política nacional de protección y bienestar animal.
En un comunicado, la exconcejal animalista bogotana, Andrea Padilla, recordó que el 25 de mayo del 2019 entró en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 o Ley 1955, que le dio al Gobierno Nacional un plazo de seis meses para formular la Política Pública Nacional de Protección y Bienestar de Animales Domésticos y Silvestres (artículo 324).
Este plazo se cumplió el 29 de noviembre del año 2019, sin que la política fuera expedida. Por esta razón, el 22 de octubre del 2020 el equipo jurídico de la exconcejal interpuso una acción de cumplimiento contra las entidades responsables de expedir la política: los ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura, del Interior y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
El 15 de marzo de 2021, el Tribunal de Cundinamarca expuso que el Gobierno Nacional incumplió su deber de expedir la política y le dio un plazo de tres meses para hacerlo. “Sin embargo, los ministerios de Agricultura, Salud, Interior y el DNP impugnaron, a sabiendas de que habían incumplido su deber legal”, informó la activista Andrea Padilla.
El Consejo de Estado, en sentencia con fecha del 24 de febrero, confirmó el plazo máximo de tres meses para que el Gobierno expida la Política Nacional de Protección animal; de modo que, a finales de mayo esta deberá estar lista.
¿En qué consistirá la nueva política?
Esta política deberá establecer lineamientos y definir estrategias, programas y propuestas normativas para la protección de animales usados para consumo humano, animales en situación de calle y maltratados, y animales silvestres objeto de tráfico ilegal.
También, para la formación en tenencia responsable, la creación de centros territoriales de bienestar, rehabilitación y asistencia integral de animales domésticos y silvestres, la sustitución progresiva de vehículos de tracción animal, la realización de campañas de esterilización, y el fortalecimiento de la investigación y el procesamiento de delitos contra los animales.
“El próximo Congreso tendrá la responsabilidad de hacerle control político al Gobierno Nacional para que esta política no se quede en el papel y llegue a todos los territorios del país”, precisó Andrea Padilla, hoy candidata al Senado de la República.